En el ámbito de la energía, es habitual que los gobiernos o las empresas, a la hora de planificar el acceso de la población a los diferentes servicios energéticos, busquen aumentar o mejorar el acceso de los hogares a la electricidad, o el uso de tecnologías y combustibles limpios para cocinar los alimentos. Sin embargo, para lograr los objetivos de las políticas y programas de acceso, además de considerar los índices de cobertura de la infraestructura, es fundamental analizar otros aspectos que revelan los impedimentos de la población para poder beneficiarse de los servicios que brinda el uso de la energía. Estos aspectos son la asequibilidad del consumo de electricidad, y la capacidad de la población para acceder y pagar por las tecnologías y equipos domésticos que permiten el uso y beneficio de la energía. 

La asequibilidad es un concepto clave en este análisis, y abarca tanto el acceso a la infraestructura energética como el acceso a los servicios energéticos. Se refiere a la capacidad de grupos de consumidores para pagar un nivel mínimo de un determinado servicio. Una forma de medir la asequibilidad es a través de la proporción de los ingresos mensuales del hogar que éste destina a pagar los servicios públicos básicos. En otras palabras, si esta proporción es alta, un servicio es menos asequible y viceversa. 

En esta discusión, en lo que respecta al acceso a la energía eléctrica, es importante considerar tanto la capacidad de pago de la falla eléctrica como la capacidad de adquirir y pagar estas tecnologías y aparatos eléctricos. 

Esta actividad de acceso al servicio en los servicios públicos está actualmente en desarrollo y se incorporará próximamente.