Esta actividad evalúa la preparación de los sistemas e infraestructuras de los servicios públicos frente a las catástrofes naturales y sus planes de contingencia. Se refiere a la capacidad de los sistemas energéticos para hacer frente a las perturbaciones peligrosas y externas y mantener su función esencial.
La región de América Latina y el Caribe necesita urgentemente aumentar la resiliencia de la infraestructura energética para reducir el impacto de las catástrofes naturales y las provocadas por el hombre, así como el cambio climático. Además, los sistemas de energía eléctrica se ven sometidos a una presión cada vez mayor por el crecimiento y la urbanización crecientes en toda la región de ALC. En general, muchos de los riesgos a los que se enfrentarán las empresas de servicios públicos en los próximos años estarán asociados a los riesgos derivados del cambio climático que afectarán a los sistemas de generación, transmisión y distribución de electricidad.
El cambio climático provocará la intensificación de los fenómenos naturales (huracanes, vientos y tormentas; inundaciones; sequías; temperaturas extremas), pero también provocará temperaturas medias superiores a las históricas de cada región. En ambos casos, las empresas deberán actuar para realizar adaptaciones en sus procesos e ingeniería, ya que los retos a los que se enfrentarán serán mayores y más frecuentes.
Para las empresas de servicios públicos, algunas consecuencias son directas y en varios lugares del mundo ya se pueden observar, como:
* Deterioro de los activos eléctricos, lo que conlleva una menor fiabilidad y un mayor coste de mantenimiento
* Daños en la infraestructura eléctrica costera causados por la subida del nivel del mar
* Daños y desestabilización de la infraestructura eléctrica debido a tormentas e inundaciones
* Aumento de la demanda de energía para refrigeración debido al calentamiento global
* Aumento de la demanda de energía para la agricultura debido a los métodos de uso intensivo de energía
* Aumento de los incidentes de cortes de energía debido a los daños causados por tormentas e inundaciones de gran impacto
* Pérdidas de eficiencia energética de las centrales eléctricas debido a las altas temperaturas
* Reducción de la producción de energía debido al calentamiento del agua de refrigeración
Según la definición de la AIE (Agencia Internacional de la Energía) "La resiliencia del sector energético se refiere a la capacidad del sistema energético o de sus componentes para hacer frente a un acontecimiento o tendencia peligrosa, respondiendo de manera que mantenga su función, identidad y estructura esenciales, al tiempo que mantiene la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación". Asimismo, según la AIE, la adaptación en el contexto del sector energético se caracteriza por los siguientes componentes:
* Robustez: la capacidad de un sistema energético para resistir los fenómenos meteorológicos extremos, así como los cambios graduales (por ejemplo, la subida del nivel del mar) y seguir funcionando
* Capacidad de recuperación: capacidad de gestionar eficazmente las operaciones durante los fenómenos meteorológicos extremos.
* Recuperación: la capacidad de restablecer las operaciones a los niveles de rendimiento deseados después de una interrupción.
Para el sector de la distribución eléctrica, en general, los análisis están relacionados con la fiabilidad, como los valores SAIDI y SAIFI, pero estos indicadores no son capaces de medir adecuadamente la resiliencia del sector en emergencias más críticas. Sin embargo, es importante destacar las diferencias entre el enfoque del sector sobre la fiabilidad y la resiliencia, que en una reciente publicación del DOE (Departamento de Energía de EE.UU.) se definieron en la siguiente tabla.
Esta actividad de resiliencia y planificación de emergencias en los servicios públicos está actualmente en desarrollo y se incorporará pronto.
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