Revisa las prácticas de estándares ambientales y sociales de la empresa de servicios públicos y su adherencia a la legislación local y las mejores prácticas internacionales. También analiza la contribución de la empresa de servicios públicos a los objetivos de desarrollo sostenible.
Esta actividad revisa las políticas ambientales y sociales, las normas y las prácticas operativas de la empresa de servicios públicos, y su adhesión a la legislación local y nacional y a las mejores prácticas internacionales. También examina la contribución de la empresa de servicios públicos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Las empresas de servicios públicos tratan de integrar las preocupaciones medioambientales y sociales en la gestión de la empresa, de modo que ésta pueda ser más eficaz a la hora de reducir sus impactos sobre el medio ambiente, los trabajadores y las comunidades. Los impactos que pueden causar las empresas de servicios públicos son diversos y pueden tener varias perspectivas. Por lo tanto, para las empresas de diferentes sectores, una buena referencia ha sido buscar como guía los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por las Naciones Unidas o incluso los estándares/marcos sociales y ambientales definidos por financiadores internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Para las empresas de servicios públicos, es importante aplicar normas sociales y medioambientales elevadas, ya que pueden tener un gran impacto en el entorno en el que operan. Más allá de las obligaciones ambientales y sociales que pueda imponer la legislación local, la adopción de buenas prácticas en este ámbito puede contribuir a aumentar la no discriminación, la transparencia y la responsabilidad socioambiental, la participación social de la comunidad en la que operan y la mejora de su gobernanza, además de poder fomentar un círculo virtuoso de desarrollo sostenible en los proyectos que llevan a cabo.
En muchas regiones, la empresa de servicios públicos puede ser el único agente con capacidad técnica y económica para promover el desarrollo social y sostenible en la región. Por ello, es importante que la empresa de servicios públicos incluya en su ámbito de actuación políticas para promover la igualdad y la no discriminación, mejorando el acceso de todas las personas, incluidos los pobres y los desfavorecidos, a servicios y beneficios como la educación, la salud, la protección social, las infraestructuras, la energía asequible, el empleo, las finanzas, los servicios y los activos productivos. Esto también puede abarcar acciones para eliminar las barreras contra aquellos que suelen ser excluidos del proceso de desarrollo, como las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los jóvenes y las minorías.
Esta actividad de aspectos ambientales, sociales y de salvaguarda en los servicios públicos está actualmente en desarrollo y se incorporará pronto.